Los vecinos del barrio 70 viviendas “OTECH” de la ciudad de Resistencia están atravesando una situación particular ya que se oponen a la aplicación del SISTEMA UVI en el cobro de cuotas de las viviendas sociales que les fueran entregadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).

 

El comunicado que llegó a nuestra redacción por parte de los vecinos del barrio, manifiesta que, en el año 2014 los vecinos del Barrio O.T.E.CH., firmaron con el IPDUV un convenio para la construcción de 70 viviendas, inserto en el marco del plan FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), y del “Programa Federal de Construcción de viviendas TECHO DIGNO”. 

Tanto el Plan FONAVI como el Plan Techo Digno, prevén un sistema de pago para la cancelación de las viviendas que no incluya nuevas normativas que afecten el valor de las cuotas en el tiempo y que toman como base los ingresos que perciben los adjudicatarios, no pudiendo superar de manera alguna el 20% de tales ingresos.

Luego de cinco años de espera les entregaron las viviendas, y  hoy se encuentran en que les  apliquen la Resolución N° 164/13 del 18/05/2018, suscripta con posterioridad a la celebración del convenio, en donde se aprueba como metodología para la amortización de las cuotas las Unidades de Viviendas (UVIs). Esto implica que, los montos de las cuotas se actualizan según el índice de precios de la construcción, a ello se incorpora un interés del 12% semestral, y se suman 5 años de cuotas; pasando a ser una financiación de 30 a 35 años, haciendo un total de 420 cuotas.

 

Comunicado de los vecinos

 

 

 

 

 

En números reales se traduce en: una cuota inicial de $7.500, actualizables en un 12% cada seis meses; por lo que en enero del 2030 las cuotas serían de $23.700; en 10 años más sería de $41.700, finalizando a los 35 años con cuotas de $71.900, por lo que una vivienda “social” que tuvo como costo de obra aproximadamente $1.073.239 pasaría a valer $3.594.130.

 

Si se toma en cuenta un salario mínimo ($ 20.587), las primeras cuotas superan el 20%, y la inflación en la construcción fue del 66%. Por ello, es que exigen al Estado Provincial que no desoiga el reclamo como el de otros 1800 adjudicatarios de toda la Provincia del Chaco, y revoque la aplicación de un índice comercial y con fines recaudatorios sobre una obra pública con fines sociales; se respete el convenio firmado, la buena fe de los adjudicatarios y la seguridad jurídica que nos ampara. 

 

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