Jessica Ayala: “La violencia obstétrica es considerada la más sistemática e invisibilizada”

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Jessica Ayala, impulsora del proyecto de ley número 336/2020 sobre violencia obstétrica, cuyo tratamiento espera en comisión de Desarrollo Humano y Salud de la Cámara de Diputados del Chaco, analizó la importancia de contar con un marco legal y políticas públicas de visibilización y erradicación de la problemática.

“En Argentina con la reforma constitucional de 1994 se incorporaron diferentes instrumentos legales internacionales a los derechos humanos: entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas y Discriminación contra la Mujer (CEDAU), que en su artículo 12 sostiene que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, en la esfera de la atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad y garantizar a la mujer servicios apropiados en relación al embarazo, parto y posterior al parto”, expresó la diputada justicialista Jessica Ayala.

La legisladora recordó la ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales: “La violencia obstétrica es una modalidad de violencia a las mujeres y es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos productivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado en el abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad a la ley 25.929 de parto respetado. Dicha normativa conocida como parto respetado y humanizado normativa establece en sus artículos de los derechos de las mujeres gestantes durante el embarazo, parto y postparto”.

Ayala detalló que “en el plano regional, la comisión de Belém do Pará tiene un comité de expertas, donde se establecieron pautas de regulación de derechos entendiendo que la mujer es sujeto de especial protección, sobre todo en estado de vulnerabilidad cuando las mujeres está a punto de parir”. Y agregó: “Fue el primer mecanismo de reconocer la violencia obstétrica como violación de los derechos humanos”.

Por otra parte, subrayó: “La violencia obstétrica durante años ha sido invisibilizada y naturalizada. Los relatos y testimonios de mujeres que se animan a contar lo vivido es un paso fundamental para que empecemos a hablar de la problemática”.

La legisladora provincial afirmó que “estas situaciones de violencia que se producen invisiblemente en hospitales, clínicas y centros de salud expresan que la violencia obstétrica es una problemática social que tiene diversas y variadas causas relacionadas con la discriminación y la violencia de género, para cuya solución las formas legales no son suficientes”.

Los datos del Observatorio

Recientemente en el proceso 2016, el Observatorio de Violencia Obstétrica dio a conocer las estadísticas que se obtuvieron a partir de la realización de una encuesta voluntaria en su página web: los datos muestran que la violencia obstétrica existe, afecta y violenta los derechos de muchas mujeres en todo el país, durante el parto, antes y después del mismo.

“El gran problema de querer reclamar estos derechos ante la justicia es que no existe prácticamente antecedente. Un caso emblemático y transversal ha sido el de Agustina Petreira que ocurrió en 2014 e inició un juicio en 2017 luego de un derrotero de denuncias administrativas. Es emblemático porque es el primero que llega a los estrados sin que haya secuelas visibles, físicas ni muerte que lamentar del hijo y de la madre”. “Es por ello que es difícil visibilizarla, dice Julieta Saulo, psicóloga social, que es fundadora de la agrupación Las Casildas donde funciona el Observatorio de las Violencias Obstétricas”, concluyó la diputada.

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