Ayer, Jorge Capitanich firmó el decreto 433/202 que establece, entre otras cosas, el “aislamiento domiciliario obligatorio” y la “restricción de circulación”. Para los abogados laboralistas, el Gobernador “podría enfrentar consecuencias penales”. En Chaco ya se registaron 13 personas infectadas por coronavirus.

El temor a la pandemia del coronavirus se expanda por todo el país sigue creciendo y gobernadores e intendentes toman medidas, más allá de las dispuestas por el Gobierno nacional, para evitar que el COVID-19 no llegue a sus territorios. Algunos, ante los primeros casos confirmados, decidieron cerrar los límites de la provincia o ciudad, sin embargo, los especialistas advierten que esta decisión es inconstitucional debido a que no se puede restringir la libre circulación de las personas. El primero en tomar esta medida fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que ante los 11 casos que había en la provincia, decidió cerrar los límites, el “aislamiento domiciliario obligatorio” y la “restricción de circulación”​. En Chaco, la Policía patrulla las calles y rutas para que se cumple lo ordenado.

Por su lado, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, también cerró el límite norte que lo unía con Chaco y advirtió que “todo aquel que esté yendo camino a Chaco o al norte deberá volver, ya que no va a encontrar instancia de cruce”. La misma medida tomó Santiago del Estero, que busca evitar que el contagio provenga desde Chaco. 

Ante estas medidas, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, aseguró que impedir la libre circulación es “inconstitucional”. “Lo resuelto por el Gobernador del Chaco -puntualizó- desconoce los artículos 8 y 9 de la Constitución argentina, dinamita el sistema federal y es desproporcionado porque existen otros medios más idóneos para lograr el mismo fin”. Los artículos en cuestión hablan del federalismo, el 8, ya que “los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás”, mientras que el 9 hace referencia a la libre circulación por todo el territorio nacional: “En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales”. “Esto es un estado de sitio encubierto. Cabe recordar que según el art. 23 de la CA el estado de sitio solo puede ser declarado por el Congreso si existe un estado de conmoción interior y si el mismo está en receso lo puede decretar el Presidente. Nunca un gobernador”, señaló. En esa línea, siguió: “Si bien la salud pública vinculada a la vida tiene un gran peso ponderado en relación al resto de los derechos en el marco de la pandemia mundial que estamos sufriendo, esto no justifica que se arrase con el sistema constitucional”. En diálogo con PERFIL, comentó a los gobernadores e intendentes pueden tener sanciones: “Lo más grave es la intervención federal pero cualquier persona podría interponer una acción de amparo o una acción de hàbeas corpus preventivo”. Por último, aseguró que por más que tengan el aval del presidente Alberto Fernández para tomar estas medidas, siguen siendo inconstitucional y, además, advirtió que “el gobernador podría enfrentar consecuencias penales”. 

Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay también opinó en el mismo sentido. “Efectivamente, en territorio argentino no existen fronteras interiores -aclaró-. El Estado federal ya sea interviniendo o la propia Justicia frente a casos que se plateen podría declarar la inconstitucionalidad de estas medidas”. En cuanto a si los gobernadores podrían recibir algún sanción penal, señaló a este medio: “Todo depende del alcance que podría tener una intervención. Pero frente a la emergencia sanitaria, es impensable que esto pueda ocurrir”. Por eso, aclaró que “no recomienda la intervención provincial”, sino que su explicación es estrictamente de la interpretación de las leyes constitucionales. 

Fuente www.perfil.com

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